COMUNICADO | El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres y piden comparecer al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a Diputados/as, por violentar gravemente los derechos humanos y el acceso a la justicia de las mujeres veracruzanas |

-Ineludible segunda Alerta de Género para Veracruz por Agravio Comparado

Xalapa, Veracruz a 28 de noviembre de 2017.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, solicitamos a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género de la XLIII Legislatura del Congreso Federal se llame a comparecer al Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares y a cuatro diputados locales a efecto de responder públicamente por sus actos contrarios a nuestra carta Magna, al evadir su responsabilidad en el proceso de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, incumpliendo los principios rectores de los derechos humanos y su obligación como autoridad de garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas.

Cabe recordar que luego de la primera solicitud en el país de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado, en materia de violencia en la salud reproductiva de niñas y mujeres en el estado de Veracruz, el Grupo de Trabajo de Expertas Independientes concluyó que en Veracruz “hay un contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigentes en materia de salud sexual y reproductiva que transgreden los derechos humanos de las mujeres”.

En ese sentido, en marzo de este año la Secretaría de Gobernación -a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)- emitió una serie de recomendaciones a los tres niveles de gobierno, a fin de proteger y garantizar sus derechos. Una de ellas fue la implementación y ejecución del Programa de Interrupción Legal del Embarazo (Programa ILE) para la causal del violación, sin embargo, el Ejecutivo no presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, no género la política pública denominada “Programa ILE”, a través de la Secretaría de Salud y tampoco la Fiscalía cumplió con las recomendaciones correspondientes.

A la fecha sólo se presentó un plan de trabajo de atención a las víctimas de violencia sexual en el que existen diversas complicaciones y conflictos para interrumpir el aborto por violación, con el argumento de que el marco legal protege la vida desde el momento de la concepción  (contraviniendo el 1º constitucional).

Así mismo existen omisiones del Poder Legislativo, por lo que las organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos pedimos también la comparecencia de los Diputados: Gregorio Murillo Uscanga, Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y Diputada Teresita Zuccolotto Feíto, también por su evasión en el proceso de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

Cabe recordar que el Poder Legislativo no presentó la iniciativa de reforma al Código Penal  -no sólo omitió cumplir con su deber- sino que además obstruyó la iniciativa que el 27 de julio de 2017, las y los diputados Tanya Carola Viveros Cházaro, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Patricia Rodríguez Cueto, Miriam Judith González Sheridan, Águeda Salgado Castro, Chintya Amaranta Lobato Calderón, María Josefina Gamboa Torales, Amado Cruz Malpica, Zenyazaen Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García y Sergio Rodríguez Cortes presentaron con proyecto de decreto para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Dicha Iniciativa obedecía, entre otras cosas, a garantizar la vida y salud de las mujeres en un marco respetuoso de derechos humanos y para efecto de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CONAVIM, cuyo plazo para dar cumplimiento para los tres poderes de gobierno era al 1 de octubre de 2017.

Cabe destacar que según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015 y 2016 más de mil niñas de entre 10 y 14 años fueron madres luego de una violación sexual; los feminicidios continúan incrementando y la respuesta es la impunidad; las muertes maternas que violentan el derecho a la salud y vida de las mujeres es una problemática que se minimiza y que no es atendida.

Por otra parte, en el reciente informe de Gobierno, el poder Ejecutivo presenta cifras que no concuerdan con las capacidades ni contexto presentado inicialmente por las autoridades estatales, sino más bien buscan ser un escaparate para simular el cumplimiento parcial de las recomendaciones realizadas. Sin embargo, en este proceso, las autoridades interponen prejuicios y marcos legales que no responden a la progresividad de los derechos establecidos en el marco constitucional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Frente al precario avance en la implementación de las recomendaciones -a más de seis meses- del dictamen – exigimos una explicación del alcance; así como un compromiso explícito y presencial ante la sociedad civil con las acciones urgentes a llevar a cabo propuestas por las autoridades; así como explicaciones de su negativa a garantizar la salud, anteponiendo sus ideologías sin importar la vida de las mujeres.

En nuestro carácter de peticionarias de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el estado de Veracruz como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, instancias de participación ciudadana basada en la defensa de los derechos humanos, con perspectiva de género, que buscan contribuir en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de discriminación sistemática, violencia de género y feminicidio exigimos:

-Que el Gobernador del Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, las y los diputados mencionados comparezcan ante el Congreso de la Unión para responder sobre sus acciones y omisiones para proteger y garantizar lo derechos de las mujeres.

-Adecuar el marco normativo penal en materia de la Interrupción Legal del Embarazo, adecuándolo a los estándares internacionales más recientes en la materia, para evitar transgredir los derechos humanos de las mujeres veracruzanas, en particular, para el acceso a servicios especializados de salud.

-Exigimos el respeto al estado Laico, la no injerencia de la Jerarquía Católica en asuntos de la salud pública de las mujeres que  está poniendo en riesgo su vida. Las autoridades no pueden regirse bajo ideologías fundamentalistas, ni por “verdades absolutas” que niegan las diversas realidades y no garantizan los derechos humanos de las mujeres.

Como organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos de las mujeres recurriremos a los instrumentos legales que sean necesarios a fin de que el actuar de las autoridades estatales sea bajo los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos, pues estamos convencidas de que el derecho a la salud de las mujeres incluye sus derechos a tener control y decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados a su reproducción incluyendo estar libre de discriminación y violencia.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

                           Frente Veracruzano por la Vida y la Salud de las Mujeres

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