POSICIONAMIENTO “VIOLENCIA SEXUAL EN MÉXICO”

PRONUNCIAMIENTO: VIOLENCIA SEXUAL EN MÉXICO

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual se define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, publico o privado”.

Entre las diferentes formas de violencia sexual, se pueden mencionar: la pedofilia, el exhibicionismo, los tocamientos o vejaciones, el acoso sexual, la violación, el sadismo, la pornografía infantil, la explotación sexual comercial y el incesto.

Los datos de víctimas de violencia sexual siguen siendo escandalosos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 35,285 denuncias de violación sexual en todo el país, entre enero del 2014 y septiembre del 2015. Durante el mismo periodo en Veracruz se denunciaron  330 casos.

El registro de los casos no representa la magnitud del problema, pues se estima que sólo el 10% de las agresiones sexuales se denuncia.  En la mayoría de los casos, la falta de denuncia se debe a:

  1. Al estigma social que persiste en torno a las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia sexual (en particular una violación).
  2. Al miedo de las represalias del agresor
  3. La ausencia de redes de apoyo para las víctimas
  4. La desconfianza hacia los sistemas de procuración e impartición de justicia

Cabe señalar, que las víctimas de violencia sexual siguen sin recibir una atención integral por parte del sector salud y de los Ministerios Públicos, como lo establecen la Norma Oficial Mexicana 046 y la  Ley de Víctimas.

Parte de esta atención implica que las mujeres tengan acceso al aborto legal por violación, única causal permitida en todo el país. De acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), del 2007 al 2012 sólo se han practicado 33 interrupciones en el país por esta causal.

Esta situación provoca una triple revictimización de la personas que sufren este delito: la primera el acto traumático que viven miles de mujeres por la violación, la segunda el momento en el que el Estado no garantiza la atención y sanción a los agresores,  violentando nuevamente los derechos humanos de la victima; y por último cuando la comunidad la culpabiliza y responsabiliza por no haber evitado el daño.

Ante eso, hacemos nuestras las recomendaciones del Comité de Expertas/os (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), que el Estado está obligado a cumplir:

Asegurar que las víctimas de violencia reciban un trato digno, tomando todas las medidas pertinentes para promover su recuperación física, psicológica y la reintegración social, en un entorno favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta sus distintas especificidades y necesidades.

 Sancionar todas las formas y expresiones de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, tal y como convienen los Estados Partes en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará, “en adoptar, por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, incluyendo todas las conductas que afectan a su integridad y autonomía sexual, aun cuando no hayan implicado contacto físico y ocurran en el ámbito público o privado, incluso en el marco de relaciones de pareja.

 Garantizar el compromiso de debida diligencia de los Estados, evitando el uso de prácticas discriminatorias y la reproducción de estereotipos de género que imponen a las mujeres, niñas y adolescentes determinados comportamientos y actitudes, particularmente en lo que se refiere a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, en el acceso a la justicia y los bienes y servicios integrales que garantizan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

 Promover la modificación y transformación de las prácticas culturales y consuetudinarias, determinadas por las costumbres, actitudes y comportamientos, que son la raíz de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en el hogar, los medios de comunicación, las instituciones educativas y otras instituciones del Estado para promover el cambio de percepciones y conductas sociales y contribuir al efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.

 Exigimos que las Secretarías y las Procuradurías cumplan con su deber de garantizar la atención, prevención, investigación  y sanción de la violencia sexual  para no repetir violaciones a los derechos humanos por lo que el Estado mexicano fue sancionado internacionalmente como en  los casos de Inés y Valentina víctimas de violencia sexual por parte de militares.

 

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