Violencia de Género

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad que ocurren tanto en la vida pública como en la privada.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que la violencia por motivos de género es aquella que involucra tanto a hombres como a mujeres, pero se dirige y afecta específicamente a las mujeres.
La violencia de género es una de las más frecuentes violaciones a los derechos humanos por el sólo hecho de haber nacido con cuerpo femenino. Está vinculada a la relación desigual entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política, y que es socialmente tolerada.
Este tipo de violencia puede ser utilizada conscientemente para perpetuar el poder y el control masculinos y su efecto refuerza la subordinación femenina.
La violencia de género, abarca los siguientes actos sin limitarse a ellos: daños físicos, sexuales, psicológicos (incluidos la intimidación, el sufrimiento, la coacción, y/o la privación de la libertad dentro de la familia o de la comunidad); y la violencia tolerada por el Estado.
Este tipo de violencia es un fenómeno generalizado, por no decir universal; que se reproduce a través de los patrones culturales y sociales; y se refleja en mayor o menor medida en las legislaciones, normas y sistemas de valores de una sociedad determinada.

Violencia sexual

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

Norma 046

La NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en lo general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.
Esta norma constituyó en una primera instancia un adelanto y cumplimiento del Estado Mexicano, ya que el 8 de marzo de 2006 el Estado Mexicano suscribió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un Acuerdo de Solución Amistosa que se deriva de la denuncia presentada en 2002 ante dicha Comisión por la violación de los derechos humanos de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quien fue víctima de violación sexual resultando embarazada y cuyo derecho legal a interrumpir el embarazo fue obstaculizado por las autoridades.

Violencia Institucional

De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende como violencia institucional contra las mujeres “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
La manifestación de la violencia institucional la encontramos, entre otras, en las siguientes realidades que viven las mujeres en México.
La primera son las reformas a las constituciones locales que en 17 estados han aprobado los Congresos para proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide. Estas reformas tienen como consecuencias negación de servicios médicos para interrumpir el embarazo en casos de violación, incumplimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 y sobre todo criminalizar y perseguir a las mujeres que interrumpen su embarazo.
Las reformas impuestas en los estados son discriminatorias de las mujeres y muestran el incumplimiento del Estado mexicano del principio de progresividad pues el estándar alcanzado en la ciudad de México para proteger los derechos de las mujeres no fue seguido y contraposición dio lugar a regresión en los estados, de forma que lo que la ciudad de México es un derecho de las mujeres en 17 estados es un delito, incluso en caso de violación.
La segunda es la mayor extensión y creciente número de feminicidios. Los datos oficiales obtenidos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en 2009, revelan que de enero a junio de este año fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 estados. Este ambiente de violencia contra las mujeres se recrudece aun mas con la permisividad del Estado, de los 430 casos, tan sólo 78 (18%) han sido consignados a las autoridades correspondientes, sin que esto dé lugar a una sentencia que cumpla con los estándares internacionales en cuanto a la reparación del daño.
A pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.